Sonntag, 28. September 2014

Una breve descripción de cada punto en la apelación de Stanford

I. si la Securities and Exchange Commission (SEC) tenía jurisdicción y autoridad reguladora sobre Stanford International Bank Limited (SIB), o sus certificados de depósito (CD). Y si, después de la acción civil de la SEC, la acusación penal del Departamento de Justicia (DOJ) era defectuoso.

No creemos que el gobierno puso en evidencia o demostró que la SEC tenía autoridad para investigar Stanford International Bank, que era un banco offshore.

En primer lugar, la SEC no tiene la autoridad para investigar los bancos en general, mucho menos un banco offshore [extranjero]. Así que no tuvieron ninguna autoridad legal para exigir al Sr. Stanford para participar o colaborar con una investigación de su banco, para lo cual no tenían ninguna autoridad legal para investigar.

El 18 de julio de 2014, en la 'Securities and Exchange Commission v. Securities Investor ProtectionCorporation'. (SEC v. SIPC) (caso Nº 12-5286) el D.C. circuito determinó concluyentemente y ordenó concluyente, que los CDsofrecidos por el Banco extranjeroInternacional de Stanford fueron; (a) no "valores" como definición por, o regulación bajo las leyes federales de valores de Estados Unidos y en cambio eran; (b) “obligaciones de deuda"del banco, que eran; (c) no "vendido" a través de, o por Stanford Group Company y por lo tanto; (d) los compradores de esos CDs no fueron "clientes" del SGC y por lo tanto nunca estaban bajo la jurisdicción o sujetos a la autoridad reguladora de la U.S. Securities and Exchange Commission.

El 05 de septiembre de 2014 la Securities and Exchange Commission concedió a los hechos antes mencionados como lo decidió el Tribunal de circuito de D.C. y decidió que no apelaría dicha decisión.

Más allá de la cuestión de la extraterritorialidad - que es que Estados Unidos nunca tuvo jurisdicción ni autoridad reguladora sobre el Stanford International Bank - el Departamento de justicia amplió su nueva acusación reemplazando las fechas de las supuestas ofensas desde 1999-2009 (en su acusación del 18 de junio de 2009)(Doc. 1) hasta 1990-2010 (doc. 422). Este incremento (desde el año 1990hasta el año 2010) no sólo ocasiona que esta acusación sea "defectuosa", sino que también representa otro objetivo del DOJ que es el "fraude a la corte".

Para comenzar con - y más allá del hecho de que en febrero de 2010 el acusado Stanford había estado bajo custodia federal un total de ocho meses - en 1990 el estadounidense (Broker/Dealer) Stanford Group Company aun no existía.

Contrariamente a sus afirmaciones en la nueva acusación, AUSA Costa sabía que los CD emitidos por SIB no fueron "ofrecidos" por SIB ni "sugeridos" por SGC a ciudadanos estadounidenses o residentes hasta el año 1998 - un completo ocho años más allá del marco de tiempo alegado en la acusación.

En la elaboración de su nueva acusación, el Departamento de justicia se dio cuenta que una gran cantidad de riqueza del demandado Stanford fue creada a través de empresas de bienes raíces antes de 1998-el año de su presentación "Reglamento D" ante la SEC y mucho antes de que SIB comenzara a "ofrecer" y la SGC comenzaraa "sugerir" los CDs a los ciudadanos estadounidenses.

Al expandir el año del "esquema fraudulento" desde 1990, el Departamento de justicia entonces fue capaz de afirmar que esa riqueza pre-1998, "justifica" su liquidación ilegal por parte del receptor y evita que el acusado Stanford pueda acceder a cualquiera de esos activos para utilizarlos en su defensa. Y lo más importante, al expandirse el año del "esquema fraudulento" adelante a 2010, pudieron crear la apariencia que el acusado era culpable por las pérdidas que se produjeron un año después de la fecha de la TRO (Orden de restricción temporal) - un momento cuando el receptor designado por el Tribunal estaba en control, y cuando Stanford era incapaz (prohibido por el gobierno) de honrar las obligaciones de SIB.


II. si los simultáneos juicios civiles y penales (y sanciones), basado en los mismos eventos subyacentes, eran violaciones de la cláusula de debido proceso de la Quinta y Octava enmiendas, y de la protección del acusado Stanford debido a doble juzgado.

El 16 de febrero de 2009 la Securities and Exchange Commission (SEC) presentó una denuncia civil en el distrito norte de Texas (División de Dallas) y solicitó una orden de restricción temporal (TRO) para hacerse con el control de todos los activos globales del demandado Stanford, tanto personales como corporativos. La SEC solicitó el nombramiento de un síndico/receptor Ralph S. Janvey.

El receptor fue específicamente dirigido y autorizado para:
"Realizar todos los actos necesarios para conservar, mantener, administrar y preservar el valor del Banco, con el fin de evitar cualquier irreparable pérdida, daños o lesiones al Banco".

Antes de cualquier hallazgo de irregularidades, ya sea civil o criminal, en febrero 24 del 2010, el Tribunal Civil de Dallas había aprobado la venta de dos buques propiedad del acusadoStanford. En la aprobación de esta venta, juez Godbey ordenó al receptor "secuestrar” la mitad del producto de ambas ventas.

Esto y otras prematuras ventas y desembolsos de sus activos, fueron una presunción de culpabilidad, un verdadero hecho consumado inconstitucional.

"Este receptor y su equipo han pasado importantes cantidades de tiempo en estas actividades, las principales actividades han sido coordinación con la SEC, el FBI y el Departamento de justicia en la identificación y reuniendo grandes cantidades de documentos e información relevante para sus investigaciones en curso y responder a numerosas y extensas solicitudes de la SEC, el FBI y el Departamento de justicia para analizar y proporcionar información y documentos."

"Una parte importante del trabajo de FTI (Karyl Van Tassel) involucró la recopilación de información a petición de la SEC, el FBI y el Departamento de justicia en relación con sus investigaciones, utilizando numerosas bases de datos complejas, correos electrónicos, registros contables, documentos financieros y archivos encontrados".

De hecho, los informes de investigación generados por esta firma FTI, y financiado por la administración judicial de Stanford, fueron utilizados por el gobierno como la Fundación de todo su caso.

El acusado Stanford presentaría que esto es sin lugar a dudas "apoyo" de su argumento de que las investigaciones civiles y criminales fueron efectivamente una acción concertada y llevado a cabo como uno solo.

Janvey y FTI en realidad estaban realizando "una parte significativa" de lasinvestigaciones del SEC, el FBI y el Departamento de justicia.

En Estados Unidos v. Kordel, 397 US 1, 11 (1970), el Tribunal Supremo citó cinco situaciones en las que puede resultar una constatación de una violación del debido proceso. En el caso de Stanford encontramos tres de ellos:

1). Si el Gobierno realiza una acción civil únicamente para la obtención de pruebas para su enjuiciamiento penal.

2). Considerando que el acusado razonablemente teme perjuicio adverso de publicidad previa al juicio u otra lesión injusta.

3). Considerando que existe cualquier otra circunstancia especial que podría sugerir la inconstitucionalidad, o incluso la inconveniencia de un proceso penal.


III. si el Tribunal violó la Cuarta enmienda del demandado Stanford contra cateos ilegales y búsquedas al:

a)PERMITIENDO QUE LA ORDEN (CIVIL) DEL RECEPTOR FUERA UTILIZADO COMO UN "RECURSO DE ASISTENCIA"

El 17 de febrero de 2009, el receptor designado en materia civil, entró en las oficinas de Stanford FinancialGroup (en Houston y en otros lugares), con el propósito de agarrar el control de todoslos papeles y documentación electrónica indicados en la orden del receptor (vol. 6) (USCA5 1478-1488). Este receptor fue acompañado por U.S. Marshals, policías y agentes del FBI que, basado en la invitación aparente del receptor, eran libres para llevar a cabo un registro sin orden judicial e incautación de varios elementos en las instalaciones, de los cuales el Departamento de justicia utilizaría más adelante en la subsecuente investigación criminal y el enjuiciamiento.

El Tribunal (juez Hittner) - pero usted dice fue confiscado... se han incautado en una acción civil y el receptor en la acción civil entregó al gobierno.
Sr. Fazel - correcto. Pero estamos diciendo que la cuarta enmienda se aplica porque la acción del estado se produjo cuando los oficiales - oficiales de policía fueron interactuando con el receptor.
El Tribunal - cómo puedes volver y limpiarlo en una situación como ésta? Creo que es imposible, porque no tenían ninguna orden, eso es seguro.
Sr. Fazel - eso es seguro.

En violación de los derechos del acusado Stanford bajo la cuarta enmienda, la objeción del abogado fuéDENEGADA y la prueba 1500 (agenda de RAS con números telefónicos) - obtenida sin la orden de registro requerida - fue admitido como evidencia.

Más evidencia de que la orden de receptor fue utilizada como una orden general o "recurso de asistencia" puede encontrarse en el acceso y admisión de la prueba 616 del gobierno (2006 faxes y cartas entre Sr. King y Alvarado Re: proyecto de respuesta a ECCB).

"El baluarte de la protección de la cuarta enmienda" requiere que la "policía obtenga una orden de un magistrado neutral y desinteresado antes de embarcarse en una búsqueda" Franks v. 438 de Delaware, Estados Unidos 154 (1978). No importa si estos artículos fueron "puntualmente proporcionados" a las agencias gubernamentales o recogidos por ellos de manera independiente, ellos accedieron sin una orden judicial mediante la utilización de la orden del receptor como un "recurso de asistencia".

b)PERMITIENDO QUE EL RECEPTOR DESIGNADO ACTUARA FUERA DEL ALCANCE DE LA ORDEN DE RECEPTORIA.

El 06 de enero de 2012, el defensor Stanford presentó una "Moción para suprimir" y solicitar una audiencia probatoria. (vol. 5)(USCA5 1435-1474) Este movimiento también fue negado por el Tribunal (juez Hittner), y no se llevó a cabo ninguna audiencia probatoria.

Específicamente, la cuestión en este asunto preocupa al receptor por acceso no autorizado y difusión de información completa de las cuentas del cliente de Stanford International Bank que estaban almacenadas en las bases de datos 'Datos Pro' y 'Temenos' ubicado en Antigua y protegido por las leyes de secreto y privacidad de banco de Antigua y Barbuda (Bus Intl. 244(1)) CorpAct. Lo que supera el alcance de la orden del receptor y por lo tanto su autoridad, este acceso ilegal y no autorizado de información sobre las cuentas del cliente del SIB fue alcanzado por una "carta de autorización" por Ralph S. Janvey (receptor) al Sr. Sohil Merchant, el empleado de Stanford que había diseñado las bases de datos y por lo tanto sabía eludir el sistema de seguridad de las computadoras del banco.

Cuando esta información inesperadamente falló en producir una sola "víctima" y en cambio sirvió para desmentir completamente estas acusaciones de esquema Ponzi y exonerar al demandado Stanford, la compañía de contabilidad forense (FTI) secuestró esas Temenos/DataPro bases de datos en un almacén controlado por FTI y lejos de la defensa de Stanford -inaccesibles en Washington, D.C.

El acceso (ilegal) fue completado y como admitió el Director Gerente de FTI (Karyl Van Tassel), estas dos DataPro y Temenos bases de datos habían sido trasladados desde Houston a Washington, D.C., fuera de capacidad en presupuesto restringido de la defensa para accederlas.

Karyl Van Tassel:Nosotros tenemos una base de datos con la información del CD de SIB, Temenos y DataPro.
Michael Stanley (abogado): está bien. ¿Dónde están localizados?
Karyl Van Tassel:Yo diría que el Temenos y DataPro están en la oficina de Washington...
Con respecto al caso de Stanford, el 26 de febrero de 2009, y previo a este acceso ilegal de información de privacidad protegida por ley, el Tribunal superior de Antigua y Barbuda emitió una orden (vol. 6) (USCA5 1727-1750) en la que explícitamente dice:

"(1) no divulgación de información específica del cliente está autorizada sin más, o de otro, orden de la corte; y (2) No divulgación de información está permitida bajo esta orden a cualquier gobierno extranjero o un organismo regulador a menos que dicha divulgación está sujeta a obligacionesde divulgación mutuas. Para los propósitos de esta orden, información específica del cliente significa información suficiente de detalle para permitir identificar el cliente en cuestión, la dirección del cliente o el monto de tales créditos saldos u otras inversiones de las cuentas." (vol. 6)((JSCA5 1729-1730)

El Departamento de justicia estadounidense reconoce que búsquedas hechas en otro país y llevadas a cabo por 'estatales' (americanos) (o Ralph Janvey, actuando como un "oficial" de la corte del juez Godbey) deben realizarse con el consentimiento de los locales del país y sus leyes.

En este caso ninguno de estas instrucciones de la Corte Suprema o garantías relacionadas con los tratados o protocolos se adhirieron. Como es evidente, el receptor (Ralph Janvey) esgrimió la orden civil como un "recurso de asistencia" y superaba con creces su alcance. Además de su amplia investigación asistencia y coordinación con los investigadores (penales), mediante la emisión de esta "carta de autorización" para el acceso de datos, protegidos por la ley de privacidad, ubicados en Antigua, violó las leyes de la nación soberana de Antigua y Barbuda tanto las leyes del Tratado de los Estados Unidos.

Finalmente y lo más importante en estos procesos, como este ilegal acceso, (justificativo) Temenos y DataPro base de datos, se prestó al FBI y muy claramente y de forma selectiva fue utilizado por el gobierno en el juicio, bajo Brady v. Maryland Estados Unidos (1963) debería haber sido, pero nunca fue, proporcionado a la defensa.


Por lo tanto, en su semblante de este acto, seguido por el uso de esta información y fallapara ser proporcionada a la defensa, los fiscales de Estados Unidos violaron, de la manera más atroz, tanto la normativa de los descubrimientos y la cuarta enmienda del demandado Stanford al debido proceso y protección desde cateos ilegales y confiscaciones.


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Freitag, 12. September 2014

Appeal of Robert Allen Stanford - Sep. 10, 2014

Following part of the appeal of Stanford.

STATEMENT OF ISSUES

I. Whether the Securities and Exchange Commission (SEC) had jurisdiction and regulatory authority over Stanford International Bank Limited (SIB), or its Certificates of Deposit (CDs). And whether, following the SEC's civil action, the Department of Justice's (DOJ) criminal Indictment was defective.

II. Whether the simultaneous civil and criminal prosecutions (and sanctions imposed), based on the same underlying events, were violations of the DueProcess Clause of the Fifth and Eighth Amendments, and defendant Stanford's protection from Double Jeopardy.

III.Whether the Trial Court violated defendant Stanford's Fourth Amendment protection from illegal searches and seizures.

IV. Whether the District Court abused its discretion when it failed to hold a pre-trial Hearing to determine whether defendant Stanford had any "untainted" funds that could be used to pay for his defense.

V. Whether the Trial Court abused its discretion by (a) disqualifying defendant Stanford's competent counsel of choice, and; (b) forcing ill-prepared appointed counsel to proceed to trial.

VI. Whether the Trial Court violated defendant Stanford's Sixth Amendment right to a fair trial, by failing to provide appropriate responses to Jury Notes Two and Three.

VII. Whether defendant Stanford was deprived of his Sixth Amendment right to a fair trial, because pre-trial publicity precluded the assembly of an impartial jury.

VIII. Whether the Trial Court abused its discretion by first deeming defendant Stanford competent, and then failing to grant him adequate time to prepare an effective defense, assist his counsel, or prepare to testify on his own behalf; in violation of the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, as well as his Fifth and Sixth Amendment rights to a fair trial.

IX. Whether the Trial Court abused its discretion by denying defendant Stanford adequate time to prepare an effective defense.

X. Whether the Trial Court violated defendant Stanford's Sixth Amendment right to a fair trial by failing to provide the jury with a "unanimity of theory" instruction specific to which "misrepresentation" (element), on each of the mail fraud and/or wire fraud Counts constituted the overall "scheme to defraud."

XI. Whether the Trial Court violated the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, by proceeding with evidence which was insufficient to prove the essential elements of the mail fraud statute.

XII. Whether the Trial Court violated defendant Stanford's Sixth Amendment right to a fair trial by issuing a modified "Allen charge" that was coercive.

XIII. Whether the Trial Court abused its discretion by enhancing defendant Stanford's sentence based on information not found in any Count of the Indictment, and that was neither entered into evidence, nor submitted to the jury and proven beyond a reasonable doubt.

XIV. Whether the Trial Court, through its rulings, demonstrated a partiality in favor of the Government that denied defendant Stanford an opportunity to present an adequate defense, in violation of his Fifth Amendment right to Due Process, and his Sixth Amendment right to a fair trial.

XV. Whether under the Cumulative Error Doctrine the issues presented here amount to a denial of defendant Stanford's Constitutional right to a fair trial, and thus undermined the reliability of the verdict.

STATEMENT I

Mr. McGuire: Specifically, as to Count 12, which is the Conspiracy to Obstruct the SEC Investigation; we don't believe the Government put on any evidence or showed that the SEC had authority to investigate Stafford International Bank, which was an offshore bank.
First of all, the SEC does not have the authority to investigate banks in general, much less an offshore [foreign] bank. So, they had no lawful authority to require Mr. Stanford to participate in or cooperate with an investigation of his bank, for which they had no lawful authority to investigate... (vol. 56)(USCA5 11534-11535)

For instance, at a pre-trial Hearing where the Government was requesting a Motion in Limine, barring any discussion about SIB's eligibility or ineligibility to access federal bailout money (TARP Funds), the prosecution pointed out the following:

AUSA Stellmach: There are two points, Judge; one, we just want to preclude any suggestion that the SIB was ever eligible. Foreign banks only received funds if they had U.S. subsidiaries, which Mr. Stanford's bank did not, because he didn't want to subject it to U.S. regulations. So it was never eligible for the TARP or any bailout funds. So it would be misleading to the jury to suggest otherwise... (vol. 36)(USCA5 15453)

Ultimately, the Trial Judge (Hittner) would grant this Motion in Limine (vol. 5)(USCA5 1381-1392)(Doc. 585) and, in the process, would further confirm the SEC's lack of jurisdiction over the bank by stating:
"[T]he allegation about TARP funds which foreign banks like SIB was not eligible to receive, is GRANTED at this time..." (vol. 36)(USCA5 15469)

AUSA Costa: [w]ho directly regulated Stanford International Bank throughout its histories?
Mr. Young: The FSRC.
AUSA Costa: Which is just in Antigua?
Mr. Young: Yes.
(vol. 50)(USCA5 7697-7698)

The most definitive proof of all, however, is found in the Superseding Indictment itself, under Section (5), which states: Although SIB marketed and sold its CDs within the United States, SIB was an Antiguan-based bank, and was not regulated by any United States banking authority. Instead, SIB was regulated by an agency of the Antiguan Government known as the Financial Services Regulatory Commission (the "Antiguan Regulatory Commission") which claimed to conduct inspections to determine the solvency of banks, to review the quality of bank's investments, and to confirm the accuracy of bank's reported returns. (Doc. 422)

In a related case, the Fifth Circuit has concluded that the Certificates of Deposit offered by SIB were not "covered securities" within the meaning of the preclusion provisions to the Securities Litigation Uniform Standard Act (SLUSA), specified in 15 U.S.C. § 78bb(F)(1)(A).

In yet another Stanford related case (Chadbourne& Parke, LLP v. Samuel Troice, et. al. 134 S.Ct. 1058 (2014) - recently before the Supreme Court), on theissue of "in connection with" and "covered securities", Justices Scalia, Kagan and Breyer noted the following:

JUSTICE SCALIA
"I had assumed that the purpose of the securities laws was to protect the purchasers and sellers of covered securities. There is no purchaser - or seller of a covered security involved here. It's.. .it's a purchaser of not-covered securities who is being defrauded, if anyone...why...why would the Federal Securities Laws protect that person?"

JUSTICE KAGAN
"In all our cases, there's been something to say when somebody asks the question: how has this affected a potential purchaser or seller in the market for the relevant securities?" "And here there's nothing to say."

On July 18, 2014, in 'Securities and Exchange Commission v. Securities Investor Protection Corporation'. (SEC v. SIPC) (case no. 12-5286) the D.C. Circuit conclusively determined, and conclusively ruled, that the CDs offered by the foreign-incorporated and foreign-domiciled Stanford International Bank were; (a) not "securities" as defined by, or regulated under, the federal securities laws of the United States, and instead were; (b) "debt obligations" of the Bank, which were; (c) not "sold" through, or by, Stanford Group Company, and thus; (d) the purchasers of those CDs were not "customers" of SGC, and were therefore never under the jurisdiction or subject to the regulatory authority of the U.S. Securities and Exchange Commission.

"The [District] Court reasoned that the investors obtained the Antiguan bank's CDs by depositing funds with the bank itself, not with SGC, and they thus cannot be considered customers of the latter.
We agree that the CD investors do not qualify as customers of SGC under the operative statutory definition."

On September 5, 2014 the Securities and Exchange Commission conceded to the aforementioned facts as found by the D.C. Circuit Court, and decided that they would not appeal the decision any further.

Beyond the extraterritoriality issue - which is that the United States never had jurisdiction nor regulatory authority over the foreign-incorporated and foreigndomiciled Stanford International Bank - in their new Superseding Indictment the DOJ broadened the dates of the alleged offenses from 1999-2009 (in their June 18, 2009 Indictment)(Doc. 1) to 1990-2010 (Doc. 422). This reach-back (to the year 1990) and forward (to the year 2010) not only renders the Indictment "defective", it is representative of another DOJ goal, and is a "fraud upon the Court".

To begin with - and beyond the fact that by February of 2010 defendant Stanford had been in federal custody a full eight months - in 1990 the U.S.-based (Broker/Dealer) Stanford Group Company did not yet exist.

Contrary to his assertions in the Superseding Indictment, AUSA Costa knew that the CDs issued by SIB were neither "offered" by SIB nor "suggested" by SGC to any American citizens or residents until the year 1998 - a full eight years beyond the time frame alleged in the Indictment.
In crafting their new Superseding Indictment, the DOJ realized that a vast amount of defendant Stanford's wealth was created through real estate ventures prior to 1998- the year of his "Regulation D" filing with the SEC, and long before SIB began "offering" and SGC began "suggesting" the CDs to U.S. citizens.


By their expanding the year of the "fraudulent scheme" back to 1990, the DOJ was then able to lay claim to that pre-1998 wealth, "justify" the Receiver's unlawful liquidations of pre-1998 assets, and thereby prevent defendant Stanford from accessing any of these assets to utilize in his defense. And more importantly, by expanding the year of the "fraudulent scheme" forward to 2010, they were able (as detailed in ISSUE XIII) to create the appearance that defendant Stanford was culpable for losses which occurred a full year beyond the date of the TRO - a time when the Court-appointed Receiver was in control, and when Stanford was incapable (prohibited by the Government) of honoring SIB 's obligations.

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Donnerstag, 11. September 2014

Apelacion de Robert Allen Stanford - Sep. 10, 2014

A continuación parte de la apelación de Stanford.

DECLARACIÓN DE TEMAS

I. si la Securities and Exchange Commission (SEC) tenía jurisdicción y autoridad reguladora sobre Stanford International Bank Limited (SIB), o sus certificados de depósito (CD). Y si, después de la acción civil de la SEC, la acusación penal del Departamento de Justicia (DOJ) era defectuoso.

II. si los simultáneos juicios civiles y penales (y sanciones), basado en los mismos eventos subyacentes, eran violaciones de la cláusula de debido proceso de la Quinta y Octava enmiendas, y de la protección del acusado Stanford debido a doble juzgado.

III. si el Tribunal violó la Cuarta enmienda del demandado Stanford contra cateos ilegales y búsquedas.

IV. si el Tribunal de distrito abusó de su discreción al no celebrar una audiencia previa al juicio para determinar si el acusado Stanford tenía fondos "no relacionados con el caso" que podrían utilizarse para pagar su defensa.

V. si el Tribunal abusó de su discreción por (a) descalificación del demandado Stanford para elegir a un Asesor competente, y; (b) obligando al nombrado abogado para preparar yproceder con el juicio.

VI. si el Tribunal violó el derecho de enmienda Sexta del acusado Stanford a un juicio justo, por no dar respuestas apropiadas a jurado notas 2 y 3.

VII. si demandado Stanford fue privado de su derecho a la Sexta enmienda a un juicio justo, porque la publicidad previa al juicio imposibilitó el montaje de un jurado imparcial.

VIII. si el Tribunal abusó de su discreción por primero atribuiral demandado Stanford competente y luego al no concederle el tiempo adecuado para preparar una defensa eficaz, ayudar a su abogado, o preparar a testificar en su propia defensa; en violación de la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda, así como sus Quinta y Sexta enmienda de los derechos a un juicio justo.

IX. si el Tribunal abusó de su discreción al negar al demandado Stanfordun tiempo adecuado para preparar una defensa efectiva.

X. si el Tribunal violó el derecho de enmienda Sexta del acusado Stanford a un juicio justo por no proporcionar al jurado con una instrucción de "unanimidad de teoría" específica para la "tergiversación" (elemento), en cada uno delos fraude que constituyeron en general el "esquema para defraudar".

XI. si el Tribunal violó la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda, procediendo con la evidencia que era insuficiente para probar los elementos esenciales de la ley de fraude de correo.

XII. si el Tribunal violó el derecho de enmienda Sexta del acusado Stanford a un juicio justo mediante la emisión de una modificada"acusaciónpara Allen" que fue coercitivo.

XIII. si el Tribunal abusó de su discreción mejorando la frase del acusado Stanford en base a información no encontrada en ningún cargo de la acusación, y que ni siquiera entró en evidencia, ni fue presentada al jurado y probado más allá de una duda razonable.

XIV. si el Tribunal, a través de sus resoluciones, demostró una parcialidad a favor del gobierno que negó al acusado Stanford una oportunidad para presentar una defensa adecuada, en violación de su Quinta Enmiendade derecho al debido proceso y su Sexta enmienda de derecho a un juicio justo.

XV. ya sea bajo la doctrina de Error acumulado sobre los temas presentados aquí,entre otros a una negación del derecho constitucional del acusado Stanford a un juicio justo, y de esta manera minó la fiabilidad del veredicto.

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